Crítica a la propuesta de ley de protección del periodistas para Oaxaca: Adrián Ortiz Romero Cuevas

En una de sus últimas reflexiones académicas publicadas, el finado constitucionalista mexicano Jorge Carpizo McGregor, criticaba que en México había una carrera desbocada en la modificación y creación de nuevas leyes, y en las reformas y adiciones a la Constitución, con la intención de que diversas situaciones se establecieran en la ley, e incluso en la Constitución “para que ahora sí se cumplan”.

Esta situación bien puede ser la de la anhelada y malograda legislación en materia de protección a periodistas. Es bienvenido y se saludan los esfuerzos que diversos órganos han hecho en la materia, aunque lo cierto es que la realidad nos aplasta y revela que México es uno de los países que representa el mayor riesgo para la libertad de expresión en el mundo. Resulta que aquí el problema es sistemático porque no sólo existe un clima generalizado de impunidad que invita diariamente a muchas personas, a cometer delitos en contra —o no— de comunicadores sin el temor a ser presentados ante la justicia, porque saben que sólo existe una milésima posibilidad de que eso exista.

Ese mismo clima de impunidad es el que ha invitado tanto a particulares como a propios agentes del Estado a cometer delitos en contra de comunicadores. Razones en concreto puede haber varias. Sin embargo, es cierto que una de las más importantes es la incomodidad que genera para algunos el ejercicio de la libertad de expresión, y los amplios márgenes de libertad que ese clima de impunidad les permite para cometer delitos sin ninguna consecuencia esperable.

De hecho, pareciera que en México las agresiones a periodistas tocaron fondo con los homicidios arteros de Javier Valdez y Miroslava Breach, entre varios otros, sólo en el presente año. Antes han ocurrido docenas de homicidios a lo largo y ancho del país; y casi a diario ocurren “pequeñas agresiones” —si se les puede llamar de algún modo— que van desde la amenaza y la intimidación, hasta delitos de mayor envergadura como las agresiones físicas, el robo de equipo o las obstrucciones abiertas al ejercicio profesional de los comunicadores. Si revisamos en Oaxaca, veremos que en las instancias de procuración de justicia estatales y federales, existen docenas de averiguaciones previas y carpetas de investigación por la presunta comisión de delitos, de mayor o menor gravedad, cometidos presuntamente en contra de comunicadores, que incómodamente siguen durmiendo el sueño de la impunidad.

Sin embargo, pareciera que la respuesta del Estado es todo menos lo esperable. ¿Qué han hecho? El gobierno federal ha asumido la postura de siempre: ante hechos que agravian e indignan a la sociedad, propone mecanismos irrealizables de protección y atención a esos problemas. Afirmo que son irrealizables porque esos mecanismos son integrados por las mismas instancias, los mismos funcionarios, y las mismas normas que no sólo han demostrado su ineficacia en las funciones ordinarias para las que fueron creados, sino que incluso podrían estar involucradas en la autoría de los hechos que motivan la creación de esos “mecanismos” que no son sino placebos para que el mismo gobierno se siga engañando con la estratagema de que está atendiendo los problemas nacionales.

La otra respuesta son las normas de protección a periodistas que, como decía el doctor Carpizo, en gran medida significan una especie de “relegislación”, abúlica e innecesaria, a partir de la cual pretenden normar lo que ya está regulado; establecer criterios ambiguos y muy posiblemente contraproducentes, e incluso contradictorios y atentatorios en contra de los principios deontológicos más básicos del ejercicio periodístico y de la libre expresión en México según sus propios principios constitucionales.

Hago referencia a la iniciativa del diputado Horacio Antonio, que actualmente se enceuntra en análisis ante el Congreso del Estado. Y de esa propuesta, que coincide en mucho con otras que se han presentado en otros momentos a la Legislatura oaxaqueña, me refiero a tres ejemplos:

1. El establecimiento de los mecanismos de protección.

2. El intento desafortunado, temerario y hasta contraproducente, de normar principios éticos y deontológicos.

3. El Fondo de Protección a Periodistas.

Por razón de tiempo, espacio y respeto al tiempo de las personas que nos acompañan, sólo me referiré muy brevemente a ellos.

Respecto al primero de los puntos, la iniciativa establece la creación de una Comisión de Prevención y Protección de los Periodistas en el Estado de Oaxaca; y la define, en su artículo 7, como el órgano encargado de determinar, decretar, evaluar, suspender y, en su caso, modificar las Medidas de Prevención y de Protección a los beneficiarios. Inicial y esencialmente, este órgano presenta los mismos problemas que como ocurre en el ámbito federal: es un órgano burocrático, carente de nivel y ascendencia social y política, e incluso desprovisto de la atención que debería requerir un órgano encargado de enfrentar y atender uno de los rubros que más agravian a la sociedad, como lo son los delitos y agresiones cometidas en contra de la libertad de expresión.

Todos lo sabemos: cuando en la ley hablan de “representantes de la Secretaría X…” en realidad se está disculpando al Titular de ese órgano de asistir y atender esa responsabilidad, para limitarse a lo que dice la ley: enviar un representante, que lo mismo puede ser alguien comprometido que ser un funcionario de segundo, tercero o cuarto nivel, que sólo cumpla con el requisito de acudir a las reuniones, pero sin ningún vínculo con la importancia de la Comisión. Y el gobierno, todos lo sabemos, está atiborrado de gente dispuesta a sólo cumplir con los mínimos de la ley y sus responsabilidades, sin involucrarse mayormente en los asuntos que se les encargan.

Me refiero ahora, al establecimiento de principios como la cláusula de conciencia, o de conceptos como la “orientación informativa” o la “línea ideológica”. Sobre esto, por ejemplo, dice el artículo 5 de la iniciativa que:

La presente Ley, reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística, los siguientes:

I.- Secreto profesional;

II.- Cláusula de conciencia;

III.- Acceso a las fuentes de información;

IV.- Derechos de autor y firma;

V.- Libertad de Asociación;

VI- Ejercer de manera libre, ética y responsable la libertad de expresión, sin ser objeto de censura, represión o limitación alguna que vulnere sus derechos humanos.

¿Sirve de algo establecer lo que ya está en la ley? El ejercicio libre de la libertad de expresión está normado en los artículos 6 y 7 constitucionales; la libertad de trabajo lícito, en el artículo 5; la libertad de asociación en el artículo 9; los derechos de autor y firma en las leyes ordinarias sobre ese tema; y el secreto profesional, es un elemento inherente a diversas profesiones y oficios, que incluso se inscribe en la esfera de lo indecidible para el marco jurídico —es decir, de esos linderos que la propia autoridad no puede cruzar ni con los médicos, ni con los abogados, ni con cualquier persona que tiene al secreto profesional como una de las bases del propio ejercicio de sus funciones—.

¿Caeremos entonces en la tentadora vaguedad de re legislar esto “para que ahora sí se cumpla”, como lo criticaba el doctor Carpizo?

Ahora bien, con la cláusula de conciencia el propio legislador puede entrar en terreno pantanoso. ¿Por qué no mejor propone un “código ético obligatorio” para que entonces termine de exhibirse en su ignorancia?

La cláusula de conciencia, bien lo sabemos, comprende el conjunto de principios morales, éticos y hasta sociales, a partir de los cuales un profesional puede optar por dejar de hacer algo incluido en su catálogo de actividades, cuando eso atenta contra sus principios. Así, por ejemplo, un médico puede apelar a la cláusula de conciencia que lo ha protegido siempre, para no realizar un procedimiento que según sus principios morales, atenta contra cierto principio o valor humano. Lo mismo ocurre con el abogado, cuando por ejemplo opta por no defender a un violador.

Y lo mismo ocurre —debe ocurrir— cuando un trabajador de la información imprime su impronta moral o ética a su propio manejo informativo. Al final de cuentas, como concepto la cláusula de conciencia no admite definición, porque su intención radica justamente en orientar las prácticas y promover la concertación y la avenencia entre quien solicita una conducta o un servicio, y quien debe ofrecerlo.

Otro de los aspectos que me parecen centrales de abordar es el relativo a las infinitas tentaciones que representa el llamado Fondo para la Protección de las y los Periodistas.

Estas reservas las he manifestado públicamente respecto a otras iniciativas que también contemplan la existencia de este fondo, y que se repiten en la presente propuesta que resulta ser la más novedosa.

En específico, mis reservas se centran en el hecho de que considero que somos un grupo que enfrenta riesgos por la naturaleza de nuestra labor y por las circunstancias que imperan en el estado y en el país, pero que ello no debe llevarnos a la confusión de asumirnos como

un grupo vulnerable. No lo somos. Ni tenemos por qué considerarnos así, ni permitir que bajo ninguna circunstancia se nos intente tratar o asumir como tal.

Incluso, siendo mal pensado, rechazo también la idea del Fondo porque es fácil vaticinar el impacto problemático que esto tendrá para nuestro gremio, por el manejo del mismo, los estados financieros, las decisiones que se tomen para la disposición de dichos recursos, etcétera. Si ya de por sí somos un gremio cuyo signo de existencia es la heterogeneidad y los disensos —a veces llevados a extremos—, nosotros debemos abonar por cosas que nos protejan a partir de las coincidencias y de la unión, y no de las tentaciones que puedan meternos en un brete de institucionalización de prácticas indebidas, o que ahonden las confrontaciones y discordancias ya conocidas.

Al final es necesario que pensemos en propuestas integrales, y las exijamos. De qué sirve crear una nueva ley que será como los llamados a misa, mientras prevalezcan la impunidad, la inacción de la autoridad, y la desidia para investigar los delitos que lamentablemente ya se cometieron en contra de compañeros nuestros.

Como dije al inicio, la impunidad es el caldo de cultivo de las agresiones a periodistas, y más allá de leyes especiales, tipos penales, endurecimiento de penas, y otras medidas que sí son necesarias, lo primero que debemos exigir es que las autoridades hagan su trabajo; que las autoridades administrativas se abstengan de incurrir en las tentaciones de siempre respecto a los compañeros, a los que vejan, lastiman, golpean, despojan y discriminan sólo por querer hacer su trabajo; que la Fiscalía General del Estado investigue y consigne ante el Poder Judicial a todos y cada uno de los responsables de las agresiones contra comunicadores; que los jueces actúen imparcial y diligentemente, para cumplir con el principio constitucional de otorgar justicia pronta y expedita en todos los casos.

Asimismo, en la discusión sobre las leyes y mecanismos relacionados con la protección a periodistas debemos estar los periodistas; debemos estar para ser considerados y para ser incluidos en esta discusión que no sólo es de burócratas, de políticos, de servidores públicos o de legisladores.

Espacios como éste son importantísimos foros de discusión y análisis que deben contribuir a centrar la discusión, y establecer las coordenadas de nuestro gremio en este tema que hoy en día es vital no sólo para nosotros ni para el gobierno, sino para la democracia y el Estado de Derecho en Oaxaca y en México, que tan amenazados están en la actualidad.

Muchas gracias.

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